Jubilados de CFE buscan mesa de diálogo en el Congreso
Torreón, Coahuila; a 4 de junio de 2026.- Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados volvieron a manifestarse en Torreón, esta vez a las afueras del Aeropuerto Internacional. Con lonas, bocinas y altavoces, buscaron llamar la atención de la ciudadanía para explicar lo que consideran una injusticia, la aplicación retroactiva de una ley que redujo el pago de sus pensiones, afectando a miles de mexicanos que entregaron más de tres y cuatro décadas de su vida al trabajo.
Gabriela Alvarado Domínguez, vocera de la organización en La Laguna, subrayó que la exigencia central es abrir una mesa de diálogo respetuosa con los legisladores federales.
“Estamos exigiendo que se den las mesas de diálogo para revisar cómo se realizó la aplicación de la disminución del pago de pensión y el porqué se aplicó retroactividad”, señaló.
La protesta se suma a una serie de acciones emprendidas por jubilados de CFE, Pemex, Luz y Fuerza y Banobras, quienes ya sostuvieron un encuentro en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En esa reunión, encabezada por el diputado Leonel Godoy y acompañada por las legisladoras Clara Cárdenas y Erika Santana, se escucharon los planteamientos de los representantes en un ambiente de respeto y apertura. Como resultado, se acordó instalar una mesa de diálogo formal para revisar los distintos planteamientos con responsabilidad institucional y sensibilidad social.
Los jubilados insisten en que su lucha es justa, pues representan a miles de trabajadores que contribuyeron al desarrollo de México y hoy exigen respeto a sus derechos adquiridos, certeza jurídica y condiciones dignas para sus familias. La vocera enfatizó que la retroactividad aplicada ha significado reducciones de entre el 20 y hasta el 60 por ciento en las pensiones, lo que ha obligado a muchos adultos mayores a cancelar seguros de gastos médicos, suspender tratamientos contra enfermedades graves como el cáncer, o elegir entre pagar hipotecas, estudios de sus hijos o medicamentos.
“Tenemos compañeros que son adultos mayores y que han tenido que cancelar sus seguros médicos. La mayoría tenemos préstamos hipotecarios, hijos estudiando y padres enfermos. Nos están obligando a decidir entre pagar la casa, los estudios o los tratamientos médicos”, relató Alvarado Domínguez.
En paralelo, los afectados han promovido juicios de amparo, aunque enfrentan un proceso lento, pues los casos fueron concentrados en apenas tres juzgados de la Ciudad de México, lo que retrasa la resolución de miles de expedientes.
La Alianza Nacional de Jubilados reconoció que el acercamiento con el Congreso ha sido posible gracias a la unidad y la persistencia de sus integrantes en todo el país.
“Seguiremos luchando para que nuestras causas sean escuchadas, atendidas y resueltas conforme a derecho. Reiteramos nuestra voluntad de mantener una comunicación respetuosa y constructiva con el Poder Legislativo”, afirmó la vocera. (EL SIGLO)